Canciller del Perú Cecilia Gervasi Díaz en la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC
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Muchas gracias señor Presidente,
Quisiera iniciar mi intervención, transmitiendo el cordial saludo de la Presidenta Dina Boluarte Zegarra. Deseo agradecer al gobierno de la República Argentina, por la organización de esta reunión y por la destacada gestión llevada a cabo en ejercicio de la Presidencia Pro Témpore de la CELAC.
El Perú desea sumarse, a su vez, al saludo unánime al esperado retorno a este foro del Brasil. Se trata de un hecho de la mayor trascendencia que corrige una sensible ausencia y consolida la proyección de la CELAC como un espacio de encuentro y convergencia de todos los países de América Latina y el Caribe, más allá de las naturales diferencias que pudieran existir entre nuestros Estados. De igual forma, felicitamos a San Vicente y las Granadinas, como primer país del caribe anglófono, en asumir la presidencia de nuestra comunidad y les ofrecemos nuestra sincera cooperación.
Creemos, con convicción, que la fórmula de la “unidad en la diversidad”, recogida por nuestra Comunidad desde la Declaración de Caracas, y reafirmada con el Proceso de Reflexión que concluimos en 2021, mantiene hoy plena vigencia e importancia. La concertación entre nuestros 33 países debe conducirse con pragmatismo, solidaridad y pleno respeto por nuestros procesos internos, en torno a nuestra agenda compartida, y en la búsqueda constante de los consensos que requerimos para hacer frente a los desafíos de la región.
En esa línea debemos reafirmar también los principios de derecho internacional de no injerencia y de no intervención en los asuntos internos de los países que hacen parte de los documentos fundacionales y actuales de la CELAC, como la Declaración de Buenos Aires que hoy aprobaremos, por lo que el Perú exhorta a los Estados miembros a su pleno cumplimiento.
El fortalecimiento de la interlocución de la CELAC con nuestros socios extra regionales, cuya presencia en esta reunión saludamos de forma especial, es un elemento de singular relevancia. En un contexto internacional complejo y cambiante, urge reforzar el diálogo interregional, promover los acercamientos y la cooperación, teniendo como horizonte la generación de mayores oportunidades para el desarrollo y el bienestar.
Valoramos el enriquecimiento temático de la agenda de trabajo de la CELAC, incluyendo ahora cuestiones sociales de especial gravitación dirigidas a reducir las brechas que, lamentablemente, en los últimos años se han profundizado en la región.
Asimismo, el Perú saluda que en el marco de nuestra reflexión colectiva se haya abordado temas de gran impacto regional como la defensa de la democracia, la lucha contra la corrupción, la cuestión migratoria, y nuestras vulnerabilidades ante el cambio climático. Asimismo, deseo destacar el protagonismo de América Latina y el Caribe en la conformación del Comité Intergubernamental de Negociación, que elaborará un instrumento internacional jurídicamente vinculante para abordar la problemática de la contaminación por plásticos, incluso en el medio marino.
El Perú sigue una política de Estado con los países vecinos, con el fin de construir relaciones de amistad, cooperación e integración que favorezcan el desarrollo de los pueblos, y hemos concretado importantes avances con todos ellos en esa dirección.
Haciendo eco de la intervención de mi colega de Ecuador, quisiera destacar que el 26 de octubre de este año conmemoramos los 25 años de los Acuerdos de Paz entre el Perú y Ecuador, sobre la base de los cuales hemos construido una relación de franca amistad e integración, que constituye un ejemplo de como dos países pueden transitar de situaciones conflictivas a esquemas de profunda integración en favor de sus pueblos.
Situación del Perú
De otro lado, señor presidente, con relación a la situación en el Perú, a la que se han referido distintas delegaciones, deseo puntualizar lo siguiente:
El 7 de diciembre se produjo un golpe de estado en el Perú. El entonces presidente Pedro Castillo anunció, en cadena nacional de televisión, la disolución inconstitucional del Congreso de la República y ordenó a la fuerza pública intervenirlo, así como intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entidades que se encontraban a cargo de investigar las denuncias en contra del ex mandatario por casos de corrupción y de crimen organizado.
Haciendo uso de sus facultades constitucionales, el Congreso declaró la vacancia del entonces Presidente Castillo, y el poder judicial dispuso su prisión preventiva por la presunta comisión del delito de rebelión, tipificado en nuestro ordenamiento legal como tal. La entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia de la República por mandato constitucional.
Que quede claro. La situación actual del ex presidente Pedro Castillo la generó el propio Pedro Castillo.
Esta crisis política originó el inicio de protestas y movilizaciones que incluyen tanto demandas legítimas que reflejan, sin duda, una deuda histórica con regiones y sectores de la población marginados por décadas; así como acciones motivadas por intereses políticos o con el deliberado propósito de producir violencia y destrucción, que incluyen el intento de toma de aeropuertos, y otros activos críticos, incendio de oficinas públicas, ataques a dependencias policiales y fiscalías, cierre de carreteras, entre otros. Estas acciones violentas tienen la clara intención de subvertir el orden constitucional y alcanzar objetivos políticos que estos grupos no pueden lograr a través del cauce constitucional.
Las situaciones descritas constituyen amenazas a nuestra democracia y al estado de derecho en la región, como lo son las acciones condenables ocurridas en Brasil recientemente.
Es de lamentar, por ello, que algunos gobiernos de países particularmente cercanos no hayan acompañado al Perú en este difícil trance institucional y, más bien, hayan priorizado la afinidad ideológica, al apoyo inequívoco al Estado de derecho y a la sucesión constitucional, buscando establecer una narrativa tergiversada que no se condice con los hechos.
No deja de sorprender que en 2023, luego de que la gran mayoría de los países de la región han vivido golpes y otros episodios traumáticos de ruptura constitucional, con secuelas sumamente dolorosas, no sea posible conseguir un rechazo unánime a un intento de cierre ilegal del Congreso y las instituciones tutelares de la democracia en mi país.
El gobierno del Perú lamenta profundamente la trágica pérdida de vidas humanas ocurridas en el marco de dichas manifestaciones y actos de violencia, las cuales vienen siendo investigadas por las entidades competentes, quienes cuentan con plena libertad y autonomía constitucional para encontrar la verdad, y para que los responsables sean juzgados y sancionados conforme a ley, así como las familias de las víctimas reparadas. Es falso y ofensivo insinuar, como se ha mencionado hoy, que el gobierno haya autorizado a reprimir con violencia a quienes protestan.
Quisiera reafirmar, en este foro, nuestro compromiso con la preservación de los valores y principios democráticos, y con la vigencia plena e irrestricta de los derechos humanos y del Estado de Derecho. De esta forma, a invitación del gobierno del Perú, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas han realizado visitas al Perú y presentarán próximamente informes y conclusiones, al tiempo de hacer un seguimiento de la situación. Asimismo, el día de mañana, el Perú compartirá con la comunidad internacional sus políticas en favor del cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, en el marco del mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.
La fiscalía investiga todas y cada una de las muertes con total autonomía y acompaña a la Policía Nacional en las acciones para controlar la violencia y proteger la vida de las personas. La vida de los 33 millones de peruanos, que son las verdaderas víctimas de esta situación de violencia.
En el contexto actual, toda salida a la crisis pasa en primer lugar por el establecimiento de un diálogo amplio, la búsqueda de acuerdos y el respeto al estado de derecho. Pueden contar con la sincera voluntad del gobierno del Perú de realizar su mayor esfuerzo por restituir la confianza a través del diálogo y detener los enfrentamientos que a nada conducen.
El gobierno de transición del Perú espera que nuestra comunidad regional rechace toda medida dirigida a vulnerar la estabilidad e institucionalidad democrática en mi país, así como la utilización de la violencia indiscriminada y actos vandálicos. Asimismo, reitera la salida democrática e institucional que ha sido propuesta por la señora presidenta Dina Boluarte: elecciones generales adelantadas para el año 2024, para que el pueblo del Perú, de manera soberana y sin injerencia alguna, decida su futuro en paz y en libertad.
El Perú reitera que la democracia en América Latina y el Caribe no admite interrupciones ni retrocesos, y es una conquista en la que es necesario persistir.
Muchas gracias
